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Como cada 17 de mayo, nos vemos en la necesidad de recordar que todavía nos queda mucho camino por recorrer, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Han pasado 24 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) despatologizó la homosexualidad, reconociendo su existencia como parte de la diversidad sexual, lo que celebramos como un éxito de nuestro colectivo. Además de brindar por lo conseguido hasta el momento, un año más volvemos a las calles para seguir luchando contra la homo/lesbo/bi/transfobia que cruza nuestras vidas y por el respeto y la realización efectiva de nuestros Derechos Humanos (DDHH), tan ausentes aquí y en numerosos lugares del mundo.
A diferencia de lo ocurrido con las sexualidades no heterosexuales, tristemente la transexualidad no ha corrido con la misma suerte, pues aún continúa calificándose como un trastorno de la identidad. Esta categorización patológica de la diversidad de formas de sentir, vivir y manifestar el género, refuerza el estigma y la discriminación que sufren las personas trans, además de atentar contra un derecho humano vital: el derecho de las personas a no ser tratadas de manera denigrante. Como queda recogido en los Principios de Yogyakarta (2007), insistimos en que los DDHH deben ser aplicados a todas las personas por igual, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Exigimos el fin de la patologización de nuestros cuerpos e identidades, porque si hay algo patológico es la transfobia social que niega nuestros derechos más básicos.
Insistimos, las personas trans sufren una gran vulneración de los DDHH. A la transfobia mencionada, debemos añadir la exclusión social que sufren sobre todo las chicas transexuales. Recurriendo al trabajo sexual como fuente de ingresos, muchas trabajadoras trans del sexo desarrollan su actividad en un contexto marcado por la violencia gubernamental y de género, la estigmatización y la vulneración de derechos fundamentales. Aún más si se trata de personas migrantes, ya que las leyes de extranjería agravan su vulnerabilidad frente a todo tipo de atropellos contra su dignidad. Por lo tanto, exigimos el fin de la violencia, la estigmatización y la exclusión que sufren las personas transexuales en nuestro país y en numerosos países del mundo.
Nos encontramos ante una oleada neoliberal de recortes en derechos sociales y libertades civiles que nos afectan de manera sustancial. Entre sus objetivos, se localiza una educación pública cuyos cimientos se tambalean con las últimas reformas educativas. La situación resulta más grave aún si consideramos el enorme incremento del acoso que sufre la infancia y la adolescencia LGTB en las aulas. Lejos de poner solución a este arduo problema, los poderes públicos abandonan la política educativa en materia de diversidad afectivo sexual y de género, al tiempo que conceden más cuotas de poder a la Jerarquía eclesiástica y a sus doctrinas conservadoras sobre la sexualidad. Por esto, hoy más que nunca, reivindicamos más educación pública, laica y de calidad, que ponga fin a la violencia sufrida por muchas personas LGTB en las aulas.
Tampoco el sistema público de sanidad escapa de la hoja de ruta del “austericidio”. El empeño por desmantelar todo el entramado de servicios públicos conlleva consecuencias graves sobre la salud de los colectivos más vulnerables. Una vez más, lamentamos tener que recordar la injusta situación en la que se encuentran las personas inmigrantes en situación administrativa irregular cuyo acceso a la sanidad pública ha sido vetado por las decisiones de un gobierno hostil a los Derechos Humanos.
Pese al aumento de las infecciones en la población en general y en nuestro colectivo en particular, la cuestión del VIH, bajo la excusa de la crisis, ha pasado a una mejor vida para las instituciones públicas. Los recortes en salud pública se han manifestado duramente en la reducción del presupuesto para la prevención con las consecuencias que conlleva para la vida de muchas personas. Sin embargo, nuestra salud no tiene precio y de ahí nuestra exigencia de una política potente de prevención, sensible con la diversidad y extensible al conjunto de la sociedad, que enfrente los incrementos de infección por el VIH.
A esta regresión, se le suman el aumento de la vulnerabilidad que sufren las personas con VIH. Las empresas, el entorno laboral, resultan cada vez más hostiles para muchas de estas personas en la medida en que la protección laboral deviene altamente precarizada y limitada debido a la última reforma laboral. Resulta realmente preocupante si se tiene en cuenta, además, las altas tasas de desempleo y precariedad que existen entre la población que vive con el VIH, muchas de ellas personas LGTB y que desarrollan trabajos sexuales. Una vez más, frente a la precariedad como norma, toca reivindicar una protección real y efectiva contra las discriminaciones en el empleo y que no sea ciega a la diversidad existente.
No olvidamos que, en contra de las demandas feministas, el gobierno del Partido Popular se ha empeñado en legislar la maternidad como una cuestión obligatoria para todas las mujeres, atentando contra un derecho a decidir que defendemos sin fisuras. Paradójicamente, a la vez que la maternidad es impuesta como un destino inevitable para las mujeres, el derecho a ser madre queda reservado a una relación entre un hombre y una mujer, máxime cuando se pretende negar el derecho a ser “madres” de las mujeres lesbianas, bisexuales y todas aquellas que desean emprender su maternidad en autonomía a los varones, dificultando su realización por la sanidad pública. Como contrapartida, reivindicamos el derecho a ser o no ser madre, el derecho a decidir, que merecen todas las mujeres frente al machismo encubierto bajo la excusa de la “sostenibilidad” del sistema sanitario.
En este día de lucha internacional, no pretendemos mirar hacia otro lado ante la situación del colectivo LGTB en numerosos países del mundo, caracterizados por una LGTBfobia institucional que, en muchas ocasiones, tiene consecuencias mortales. Como un atropello hacia los Derechos Humanos, países como Rusia y Uganda han gestado diferentes políticas que condenan y reprimen aquellas sexualidades diferentes a la heterosexualidad normativa. Contra la normalización y el silencio que pesa sobre esta violencia, los colectivos LGTB cumplen un papel crucial al visibilizar, mediante la protesta, todas las injusticias que viven las personas LGTB en numerosos territorios del mundo. En aras a esa solidaridad, reivindicamos que los gobiernos locales atiendan a sus deberes democráticos condenando todas aquellas formas de violencia, institucionalizadas o no, hacia las personas LGTB a nivel internacional. Esa muestra de fraternidad resultará un gesto vacío, si el derecho al asilo no resulta efectivo en todos los casos solicitados.
Denunciamos el incremento de la violencia contra las personas LGTB a nivel internacional, tanto como acusamos el aumento de las agresiones que sufrimos en nuestro entorno más cercano. La vulnerabilidad y el miedo a ser agredidas por nuestros gestos y afectos en el espacio público sigue presente en nuestras vidas. Sin embargo, no resulta una realidad digna de ser atendida por los poderes públicos que siguen sin desarrollar políticas públicas efectivas contra la violencia hacia el colectivo LGTB, que conviertan nuestras calles, plazas y espacios de ocio en lugares amables para la diversidad sexual. Igualmente preocupante es la situación de las personas mayores LGTB, muchas veces víctimas de un maltrato que queda silenciado y oculto. Es la violencia y el odio lo que debe desaparecer y no nuestro derecho a expresar nuestros afectos y sexualidades donde queramos, sin tener que pasar por algo que no somos.
Por todo lo dicho hasta el momento, gozamos de suficientes razones para concentrarnos en las calles durante este día tan significativo y para continuar hasta que nuestras demandas se vean realizadas. Aunque nos queda un largo camino por recorrer, mantenemos nuestro empeño por construir una sociedad más justa, libre e igualitaria a partir de nuestra particular lucha. Porque nos puede nuestra convicción de que una sociedad sin LGTBfobia no sólo es necesaria, sino que además podemos hacerla posible.
A diferencia de lo ocurrido con las sexualidades no heterosexuales, tristemente la transexualidad no ha corrido con la misma suerte, pues aún continúa calificándose como un trastorno de la identidad. Esta categorización patológica de la diversidad de formas de sentir, vivir y manifestar el género, refuerza el estigma y la discriminación que sufren las personas trans, además de atentar contra un derecho humano vital: el derecho de las personas a no ser tratadas de manera denigrante. Como queda recogido en los Principios de Yogyakarta (2007), insistimos en que los DDHH deben ser aplicados a todas las personas por igual, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Exigimos el fin de la patologización de nuestros cuerpos e identidades, porque si hay algo patológico es la transfobia social que niega nuestros derechos más básicos.
Insistimos, las personas trans sufren una gran vulneración de los DDHH. A la transfobia mencionada, debemos añadir la exclusión social que sufren sobre todo las chicas transexuales. Recurriendo al trabajo sexual como fuente de ingresos, muchas trabajadoras trans del sexo desarrollan su actividad en un contexto marcado por la violencia gubernamental y de género, la estigmatización y la vulneración de derechos fundamentales. Aún más si se trata de personas migrantes, ya que las leyes de extranjería agravan su vulnerabilidad frente a todo tipo de atropellos contra su dignidad. Por lo tanto, exigimos el fin de la violencia, la estigmatización y la exclusión que sufren las personas transexuales en nuestro país y en numerosos países del mundo.
Nos encontramos ante una oleada neoliberal de recortes en derechos sociales y libertades civiles que nos afectan de manera sustancial. Entre sus objetivos, se localiza una educación pública cuyos cimientos se tambalean con las últimas reformas educativas. La situación resulta más grave aún si consideramos el enorme incremento del acoso que sufre la infancia y la adolescencia LGTB en las aulas. Lejos de poner solución a este arduo problema, los poderes públicos abandonan la política educativa en materia de diversidad afectivo sexual y de género, al tiempo que conceden más cuotas de poder a la Jerarquía eclesiástica y a sus doctrinas conservadoras sobre la sexualidad. Por esto, hoy más que nunca, reivindicamos más educación pública, laica y de calidad, que ponga fin a la violencia sufrida por muchas personas LGTB en las aulas.
Tampoco el sistema público de sanidad escapa de la hoja de ruta del “austericidio”. El empeño por desmantelar todo el entramado de servicios públicos conlleva consecuencias graves sobre la salud de los colectivos más vulnerables. Una vez más, lamentamos tener que recordar la injusta situación en la que se encuentran las personas inmigrantes en situación administrativa irregular cuyo acceso a la sanidad pública ha sido vetado por las decisiones de un gobierno hostil a los Derechos Humanos.
Pese al aumento de las infecciones en la población en general y en nuestro colectivo en particular, la cuestión del VIH, bajo la excusa de la crisis, ha pasado a una mejor vida para las instituciones públicas. Los recortes en salud pública se han manifestado duramente en la reducción del presupuesto para la prevención con las consecuencias que conlleva para la vida de muchas personas. Sin embargo, nuestra salud no tiene precio y de ahí nuestra exigencia de una política potente de prevención, sensible con la diversidad y extensible al conjunto de la sociedad, que enfrente los incrementos de infección por el VIH.
A esta regresión, se le suman el aumento de la vulnerabilidad que sufren las personas con VIH. Las empresas, el entorno laboral, resultan cada vez más hostiles para muchas de estas personas en la medida en que la protección laboral deviene altamente precarizada y limitada debido a la última reforma laboral. Resulta realmente preocupante si se tiene en cuenta, además, las altas tasas de desempleo y precariedad que existen entre la población que vive con el VIH, muchas de ellas personas LGTB y que desarrollan trabajos sexuales. Una vez más, frente a la precariedad como norma, toca reivindicar una protección real y efectiva contra las discriminaciones en el empleo y que no sea ciega a la diversidad existente.
No olvidamos que, en contra de las demandas feministas, el gobierno del Partido Popular se ha empeñado en legislar la maternidad como una cuestión obligatoria para todas las mujeres, atentando contra un derecho a decidir que defendemos sin fisuras. Paradójicamente, a la vez que la maternidad es impuesta como un destino inevitable para las mujeres, el derecho a ser madre queda reservado a una relación entre un hombre y una mujer, máxime cuando se pretende negar el derecho a ser “madres” de las mujeres lesbianas, bisexuales y todas aquellas que desean emprender su maternidad en autonomía a los varones, dificultando su realización por la sanidad pública. Como contrapartida, reivindicamos el derecho a ser o no ser madre, el derecho a decidir, que merecen todas las mujeres frente al machismo encubierto bajo la excusa de la “sostenibilidad” del sistema sanitario.
En este día de lucha internacional, no pretendemos mirar hacia otro lado ante la situación del colectivo LGTB en numerosos países del mundo, caracterizados por una LGTBfobia institucional que, en muchas ocasiones, tiene consecuencias mortales. Como un atropello hacia los Derechos Humanos, países como Rusia y Uganda han gestado diferentes políticas que condenan y reprimen aquellas sexualidades diferentes a la heterosexualidad normativa. Contra la normalización y el silencio que pesa sobre esta violencia, los colectivos LGTB cumplen un papel crucial al visibilizar, mediante la protesta, todas las injusticias que viven las personas LGTB en numerosos territorios del mundo. En aras a esa solidaridad, reivindicamos que los gobiernos locales atiendan a sus deberes democráticos condenando todas aquellas formas de violencia, institucionalizadas o no, hacia las personas LGTB a nivel internacional. Esa muestra de fraternidad resultará un gesto vacío, si el derecho al asilo no resulta efectivo en todos los casos solicitados.
Denunciamos el incremento de la violencia contra las personas LGTB a nivel internacional, tanto como acusamos el aumento de las agresiones que sufrimos en nuestro entorno más cercano. La vulnerabilidad y el miedo a ser agredidas por nuestros gestos y afectos en el espacio público sigue presente en nuestras vidas. Sin embargo, no resulta una realidad digna de ser atendida por los poderes públicos que siguen sin desarrollar políticas públicas efectivas contra la violencia hacia el colectivo LGTB, que conviertan nuestras calles, plazas y espacios de ocio en lugares amables para la diversidad sexual. Igualmente preocupante es la situación de las personas mayores LGTB, muchas veces víctimas de un maltrato que queda silenciado y oculto. Es la violencia y el odio lo que debe desaparecer y no nuestro derecho a expresar nuestros afectos y sexualidades donde queramos, sin tener que pasar por algo que no somos.
Por todo lo dicho hasta el momento, gozamos de suficientes razones para concentrarnos en las calles durante este día tan significativo y para continuar hasta que nuestras demandas se vean realizadas. Aunque nos queda un largo camino por recorrer, mantenemos nuestro empeño por construir una sociedad más justa, libre e igualitaria a partir de nuestra particular lucha. Porque nos puede nuestra convicción de que una sociedad sin LGTBfobia no sólo es necesaria, sino que además podemos hacerla posible.
